El pasado lunes 24 de Febrero se inauguró el recinto modernista del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona. Yo tuve la suerte de intervenir en el proceso de restauración, junto con muchos compañeros, y de comprobar lo poco valorada que está nuestra profesión en primera persona.

Meses después de haber terminado nuestro trabajo, muchos de nosotros seguimos sin cobrar sueldos ni finiquitos y nos vemos envueltos en procesos judiciales eternos y una espera que no acaba nunca. A raíz de eso, decidimos concentrarnos durante el evento, a las puertas del recinto para poner en conocimiento del público en general lo sucedido y reclamar un mayor control en las adjudicaciones públicas, que relegan la importante labor de los conservadores-restauradores del Patrimonio (siendo buena) a un segundo plano.

Por ejemplo, cuando sale a concurso una intervención en Patrimonio arquitectónico (en este caso, el Hospital de Sant Pau es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) la primera adjudicación se produce directamente a una constructora. Ésta es la que ha fijado las partidas correspondientes para cada intervención -tanto de restauración como de otros aspectos más puramente constructivos como la carpintería, la calefacción o la iluminación- que luego saldrán a subasta para subcontratar esos servicios. A la ganadora del concurso le interesa que la oferta final de las otras empresas sea lo más baja posible ya que, de esta forma, la diferencia entre el precio que han marcado en el concurso y el precio de adjudicación final, será para ella. De esta forma recuperan los ajustes de presupuesto que han tenido que hacer para ganar en primer lugar. Esto provoca las tan conocidas bajas temerarias que tienen consecuencias gravísimas en nuestro trabajo pues, no sólo reducen hasta límites alarmantes los presupuestos para restauración, sino que también exigen unos plazos de entrega menores por motivos obvios.

En resumen, es una cadena de despropósitos a la cola de la cual estamos los trabajadores del sector. La mayoría de empresas de restauración que tratan con bienes arquitectónicos, tienen a sus empleados contratados en régimen de autónomos, lo que supone para la empresa un mayor margen de maniobrabilidad frente a esta situación, pero obliga a los conservadores a pagar de su sueldo las cuotas mensuales, el IVA trimestral y los deja sin derecho a cobrar la prestación por desempleo. Este último factor es determinante en una profesión como la nuestra donde estamos expuestos, en ocasiones,  a largos períodos de «parón laboral». La empresa para la que trabajamos todos mis compañeros y yo, nos tenía contratados en el régimen general como trabajadores asalariados y, mirad, ha tenido que cerrar.

Parece un chiste de mal gusto pero, aquí en España, no tenemos un colegio profesional propio, ni un convenio laboral y, lo que es aún peor, ni siquiera nos acoge la Ley de Patrimonio. Podríamos decir que la regulación del conservador-restaurador es nula.

Es por eso que hemos empezado con esta iniciativa que poco a poco se va haciendo grande y esperamos que pronto sea imparable. El gran apoyo que recibimos por parte de compañeros de todo el país y parte del extranjero las pasadas semanas, nos hizo darnos cuenta de que somos muchos los que queremos arrimar el hombro para poner remedio a esta situación. Para ello hemos abierto varios canales de comunicación para continuar trabajando conjuntamente y recibir propuestas y nuevos apoyos.

Os dejo los enlaces a continuación y os animo a uniros al grupo de trabajo para que esto no pare de crecer:

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